Cuando se implementó la elección de autoridades judiciales mediante el voto popular y directo en la Nueva Constitución Política del Estado aprobada el 2009, el pueblo boliviano se propuso acabar con el cuoteo partidario para la designación de jueces del Órgano Judicial, una vieja práctica propia del periodo Neoliberal, por ello, la asamblea nacional constituyente define ampliar la democracia y otorgarle al pueblo boliviano en su condición de soberano, la facultad de elegir mediante el voto a las autoridades judiciales.

Sin embargo, hoy que los intereses políticos de reelección de Luis Arce han quebrado la institucionalidad y han convertido al Tribunal Constitucional Plurinacional en una oficina más del órgano ejecutivo, podemos afirmar que, las elecciones judiciales de este próximo domingo, lejos de resolver la crisis en el órgano judicial y volver a la legalidad, van a profundizar la crisis política e institucional a la que nos ha llevado el Arcismo; estas elecciones parciales son un monumento a la Ilegalidad porque terminan siendo una estafa del Gobierno de Luis Arce, para hacer creer al pueblo boliviano que su voto renovará la justicia y la pondrá al servicio del pueblo, cuando en realidad, en Bolivia tenemos desde el 2019 secuestrada la democracia y suspendido el Estado de Derecho, se han desconocido los consensos de la Asamblea Constituyente y se ha desmantelado el Estado Plurinacional instaurando un régimen de NO DERECHO.

Ahora, es el propio Gobierno quien de la manera más cínica, pretende fortalecer el control de la Justicia haciendo campaña desde las instituciones públicas por sus propios candidatos; personajes nefastos, prevendales y corruptos, como los denominados “LAS 4 CARTAS DE IVÁN LIMA”, entre ellos Israel Ramiro Campero Méndez (LP), Juan Lixmar Zoto Alvarado (OR), Ángel Edson Dávalos Rojas (CHQ) y Amalia Laura Villca (PTS), que son los candidatos Arcistas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En este sentido, si bien la única garantía para retornar a la constitucionalidad y al Estado de Derecho en Bolivia es la salida de Luis Arce y David Choquehuanca del Gobierno y la victoria del Movimiento Popular e indígena originario campesino a la cabeza de Evo Morales; NO PODEMOS FACILITARLE AL ARCISMO SUS PLANES DE AUTOPRORROGARSE EN LA PRESDENCIA, por ello es imprescindible, que el pueblo boliviano consciente y patriota, NO VOTEMOS de ninguna manera por Los 4 de Iván Lima, sino por cualquier otro candidato, especialmente por aquellos profesionales que no tengan mancha de corrupción, que tengan buena formación académica, experiencia práctica, pero sobre todo una sólida consciencia y compromiso social con su pueblo, para que de alguna manera marquen la diferencia y puedan hacer algo en favor del pueblo humilde y trabajador que hoy tiene al frente a un Gobierno hambreador y represor, a una justicia corrupta y contra el pueblo. No lo olvides, elige a cualquiera, ¡menos a la basura judicial Arcista!

Sin embargo, la implementación de este sistema ha estado marcada por una multiplicidad de críticas, cuestionándose la verdadera independencia de los jueces debido a la influencia significativa de actores políticos.

Ilegitimidad e ilegalidad de las Elecciones Judiciales ¿Inconstitucional y/o Antidemocrático?

Contexto Histórico y Marco Legal

Las Elecciones Judiciales en Bolivia representan un caso singular en la región, siendo uno de los pocos países en el mundo donde los magistrados son elegidos mediante voto popular. Este proceso, que se ha llevado a cabo en 2011, 2017 y ahora en 2024, ha enfrentado diversos desafíos desde su implementación.

Según el cronograma constitucional, las elecciones debían realizarse en 2023, ya que los magistrados en funciones fueron elegidos en las elecciones de 2017 por un periodo de 6 años. El artículo 182 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece claramente que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura tienen un mandato limitado a este período.

Crisis Constitucional y Movilizaciones Sociales

La prórroga de funciones de los magistrados más allá del plazo establecido constituye una vulneración del principio de temporalidad de los mandatos. Esta situación transgrede el artículo 12 de la CPE, que garantiza la división e independencia de poderes. El artículo 123 de la misma Constitución prohíbe la prórroga indefinida de mandatos, excepto en circunstancias específicas contempladas por la ley.

La ausencia de elecciones en 2023 implica un incumplimiento de las normas fundamentales del Estado y afecta el principio de soberanía popular, contenido en el artículo 11 de la CPE, donde se estipula que los bolivianos tienen derecho a elegir a sus representantes en los órganos del poder público. La prórroga de los magistrados actuales, sin el respaldo de un proceso electoral legítimo, se considera como una forma de autoprórroga contraria al mandato constitucional.

Por lo tanto estas acciones pueden y deben ser sancionadas debido al incumplimiento de las disposiciones, según el artículo 108 de la CPE, todas las personas y funcionarios públicos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. La falta de convocatoria oportuna de elecciones judiciales constituye en un acto de incumplimiento de deberes, tipificado en el Código Penal Boliviano en el artículo 154, que sanciona a las autoridades que omitan actos obligatorios en el ejercicio de sus funciones.

Al no llevarse a cabo las Elecciones Judiciales en 2023, se registraron una serie de movilizaciones sociales que a pesar de no estar alineadas con intereses políticos, el gobierno, los periodistas y los distintos medios de comunicación las señalaron como movimientos con fines políticos y con la intención de desestabilizar el gobierno en funciones. Pero, esto fue falso, ya que las movilizaciones tenían como objetivo exigir la realización de las elecciones judiciales y así denunciar la prórroga ilegal de los mandatos de los magistrados, quienes están vulnerando la CPE y las leyes del país.

Estas movilizaciones sociales, integradas por ciudadanos que demandaban el respeto a los principios democráticos, evidenciando la profunda crisis política, judicial y sistémica que atraviesa el país. Ante la presión popular y el reclamo legítimo de la sociedad movilizada, el gobierno se vio en la obligación de responder, aunque no tenía la intención de convocar las elecciones judiciales. Finalmente, en febrero del presente año, se promulgó la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, que estableció el marco normativo para la selección de candidatos a magistrados con base en criterios de meritocracia y tecnicidad, gracias a las exigencias de la población movilizada.

Las presentes Elecciones Judiciales son ilegítimas, puesto que existe una prórroga (autoprórroga) de los mandatos de los magistrados vulnerando el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 11 de la CPE, que otorga a los bolivianos el derecho de elegir a sus representantes en los órganos de poder, al no renovarse las autoridades judiciales a través de un proceso electoral, su permanencia carece del respaldo democrático necesario para ejercer sus funciones.

En términos de ilegalidad, se transgreden principios fundamentales establecidos en los artículos 12 y 123 de la CPE. El artículo 12 garantiza la división e independencia de poderes, mientras que el artículo 123 prohíbe la prórroga indefinida de mandatos salvo en circunstancias específicas contempladas por la ley, las cuales no se aplicaron en este caso. Además, el incumplimiento del deber de convocar elecciones constituye una infracción sancionable según el artículo 154 del Código Penal Boliviano, al tipificar como delito la omisión de actos obligatorios en el ejercicio de funciones públicas.

Inconstitucional y antidemocrático, debido a la vulneración de la Constitución Política del Estado, y los principios democráticos, dado la extensión del mandato sin respaldo electoral alterando el orden democrático y la independencia de poderes.

Las movilizaciones sociales de 2023 y principios de 2024, inicialmente tildadas de movimientos políticos por el gobierno, tenían un objetivo legítimo: exigir la realización de las elecciones judiciales y denunciar la prórroga ilegal de mandatos. Estas protestas, que incluyeron dos semanas de bloqueos liderados por el expresidente Evo Morales, culminaron en febrero de 2024 con la promulgación de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.

Un Análisis Crítico A La Situación Actual De Las Elecciones Judiciales

El gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, durante su mandato vulneraron los derechos de los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la justicia, a pesar de las demandas legítimas de la sociedad civil expresadas a través de movilizaciones, el gobierno ha ignorado los pedidos de atención y solución, lo que ha generado un ambiente de descontento y cuestionamientos sobre su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales y la independencia judicial.

Las elecciones judiciales al ser considerado como ilegítimo e ilegal, también es un gasto insulso, puesto que estas elecciones serán ´´PARCIALES´´, costando hasta 204 millones de bolivianos (Bs), vulnerando los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos, infringiendo en el uso indebido de bienes, mientras que en el gobierno de Evo Morales en 2011 y 2017 el gasto fue de 225 millones de bolivianos (ANF 12 de abril 2023), pero con la diferencia que las elecciones judiciales fueron generales, no fueron suspendidas en 5 departamentos como se está haciendo ahora con el gobierno de LUIS ARCE.

El gobierno de Luis Arce se constituye en un gobierno tirano y antidemocrático, ya que promueve campañas electorales para la elección de algunos candidatos a través de las diferentes redes sociales como Tik Tok, Facebook con publicidades pagadas, boots en WhatsApp, Instagram y X, quebrantando la democracia del país, puesto que en las leyes menciona que los candidatos a estas elecciones no deben realizar campañas ya que estas elecciones son de orden técnico, lamentablemente Luis Arce y compañía se prestan a esto, como si fuese solamente eso mucho de los y las candidatas realizaron acciones fuera de la ley. Entre ellos se mencionan a:

Proceso Electoral 2024: Características y Controversias

Presupuesto:

● Presupuesto total: Bs 204.711.725

● Incremento autorizado por Decreto Supremo 5217: Bs 21.711.725

● Financiamiento mediante transferencias del Tesoro General de la Nación

Candidatos y Cargos a Elegir:

● Tribunal Supremo de Justicia: 69 candidatos (34 mujeres y 35 varones)

● Tribunal Constitucional Plurinacional: 36 candidatos (16 mujeres y 20 varones)

● Tribunal Agroambiental: 14 candidatos (7 mujeres y 7 varones)

● Consejo de la Magistratura: 20 candidatos (10 mujeres y 10 varones)

Candidatos Del Gobierno Para El Tribunal Supremo De Justicia

● Félix Orlando Rojas Alcón (LP)

● Miriam Rosell Terrazas (SCz)

● Germán Saúl Pardo Uribe (Cbba)

● Favio Chacolla Huanca (Chq)

● Marvín Arsenio Molina Casanova (Pts)

Candidatos Del Gobierno Para El Tribunal Constitucional Plurinacional

● Israel Ramiro Campero Mendéz (LP)

● Amalia Laura Villca (Pts)

● Juan Lixmar Zoto Alvarado (Or)

● Angel Edson Davalos Rojas (Chq)

Candidatos Del Gobierno Para El Tribunal Agroambiental

● Rocío Vasquez Noza (SCz)

● Teodosio Rufino Huanca (LP)

● Susana Ivon Ávila Vargas (Cbba)

● Roxana Chávez Rodas (Chq)

● Richard Christian Mendez (Chq)

Candidatos Del Gobierno Para El Consejo de la Magistratura

● Carlos Spencer Arancibia (SCz)

● Nataly Emma Vargas (Cbba)

● Ramiro Froilan Canedo Chávez (LP)

● Ludgarda Martinez Borja (Chq)

Ante Un Inminente Fraude Electoral

Sí, es probable que exista un FRAUDE ELECTORAL por parte del gobierno, tras la anulación de las elecciones para algunos de los tribunales, en diferentes departamentos como PANDO, BENI, SCZ, CBBA, Y TARIJA. Pero, no solamente es eso, sino que también el vocal del TSE a fin al gobierno, indicó que no se utilizará el TREP (Sistema de Transmisión de Resultado Electorales Preliminares), sistema que debería tener acceso la población civil para fines de transparencia, sino que más bien se indicará el resultado de las elecciones, a los 7 días después de las elecciones, llamando la atención de la ciudadanía ya que se estaría gestando un Fraude inminente para que los candidatos favoritos de Luis Arce gocen de libertad absoluta para favorecer al gobierno en toda su plenitud. 7 días es tiempo suficiente para que el gobierno amañe los resultados de las elecciones judiciales a su favor, buscando una reelección.

Conclusiones

Las Elecciones Judiciales de 2024 representan un momento crítico para la democracia boliviana. La combinación de factores como la prórroga inconstitucional de mandatos, el carácter parcial de las elecciones, la ausencia de mecanismos de transparencia y el considerable gasto público involucrado plantean serias dudas sobre la legitimidad y efectividad del proceso.

La decisión de postergar la publicación de resultados por 7 días, junto con la ausencia de conteo en boca de urna, genera preocupaciones adicionales sobre la transparencia del proceso. Estas circunstancias sugieren que estas elecciones, más que fortalecer la independencia judicial, podrían profundizar la crisis institucional que atraviesa el país.